Cuando el modelo se derrumba Manifiesto de trabajadores de la cultura y el conocimiento por otro modelo de gestión de los derechos de autor

Diversos individuos y colectivos hemos redactado este manifiesto: 1. Los abajo firmantes trabajamos en el ámbito de la cultura desarrollando diferentes actividades. Algunos pertenecemos a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), otros a otras entidades de gestión de derechos de autor, otros a ninguna entidad. Todos compartimos preguntas similares y un medio común de trabajo: la producción de cultura y conocimiento. 2. El pasado viernes, día 1 de julio, asistimos al encarcelamiento para su interrogatorio del presidente de la Sociedad General de Autores y Editores y de otros seis miembros de su junta directiva. El domingo día 3, dicho presidente y otras dos personas de la junta salieron en libertad sin fianza acusados de graves cargos de corrupción. 3. Quienes firmamos este manifiesto creemos que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a que se respete la presunción de inocencia. Un derecho que, lamentablemente, la propia SGAE no ha respetado en el pasado llevando a cabo campañas de acusaciones públicas contra particulares, medios de comunicación, abogados, empresas, otras entidades de gestión de derechos de autor, asociaciones, colectivos e incluso una parte importante de la sociedad civil. Por ese motivo, los abajo firmantes no vamos a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de ninguno de los imputados. Eso lo tienen que decidir los jueces. Sin embargo, la situación que afrontamos no nace de la nada. Al contrario, viene determinada por un modelo de organización de las entidades de gestión de derechos, de concepción de la propiedad intelectual y, en definitiva, de un modelo cultural al completo que hoy está definitivamente en crisis. 4. Los espacios para discutir los mecanismos para abordar esta crisis por parte de quienes trabajamos en las llamadas "industrias culturales" han sido prácticamente inexistentes. Las entidades de gestión que (como la SGAE) han construido un discurso sobre estas cuestiones lo han hecho en nombre de la totalidad de los autores, sin haber establecido mecanismos de participación y consulta de los mismos. Las administraciones públicas han permitido de forma sistemática que espacios que no estaban elegidos democráticamente se erigieran como representantes de un colectivo complejo, difuso y con una multitud de puntos de vista. 5. El discurso que se ha producido desde estos espacios (entidades de gestión, asociaciones profesionales y el propio Ministerio de Cultura) ha sido exclusivamente uno: la criminalización de gran parte de la sociedad, lo cual ha provocado una ruptura profunda entre dicha sociedad y quienes trabajamos en el ámbito de la cultura. 6. Quienes firmamos este manifiesto creemos que ninguna de esas medidas han detenido la transformación radical del modelo cultural que se viene produciendo desde hace tiempo, tan solo han contribuido a hacer más intensa la fractura social en relación a la cultura. No han resuelto ninguno de los problemas que supuestamente debían resolver y han generado problemas nuevos. 7. En estos momentos, todos los supuestos responsables de afrontar este cambio de paradigma están absolutamente deslegitimados ante la ciudadanía. Ni el Ministerio de Cultura, ni la clase política, ni las entidades de gestión, ni las asociaciones profesionales pueden seguir encargándose de la gestión de esta situación. 8. Quienes firmamos este manifiesto creemos que existe una responsabilidad directa por nuestra parte en este estado de cosas. Hemos mantenido un silencio que ha contribuido a legitimar como generales lo que no son sino opiniones particulares. Reconocemos también que no sabemos cuál es la solución. No sabemos dónde está la respuesta, pero queremos abordar la pregunta junto con la ciudadanía: ¿cómo queremos gestionar los derechos de autor? 9. Las prácticas con las que se ha criminalizado a la sociedad en los últimos años son prácticas que nosotros mismos llevamos a cabo (compartimos contenidos a través de redes P2P, copiamos y ayudamos a otros a copiar, accedemos a material descatalogado nunca distribuido en nuestro país, a obras fuera de nuestro alcance, etc.), que consideramos fundamentales no solo desde un punto de vista de acceso a la cultura, sino incluso para el desarrollo de nuestro propio trabajo. Sabemos también que con reconocer esa legitimidad en los usos no es suficiente. No resuelve el problema que afrontamos, que es un problema también de remuneración, de derechos sociales, de participación ciudadana, de apoyo público a la creación, de condiciones laborales y de concepción de todo un modelo económico y social, frente a un modelo de gestión de los derechos de autor, como el que defiende la SGAE, que privilegia a una oligarquía de estrellas mediáticas a costa de la gran masa de los trabajadores de la cultura y el conocimiento. 10. Mientras tanto, dejaremos que los jueces y abogados hagan su trabajo, pero no en silencio. Diciendo claramente que los hechos por los que van a ser juzgadas todas estas personas no son hechos aislados de un contexto, sino que, al contrario, nacen de él. Y que nuestra responsabilidad, más allá del trabajo de la ley, es transformar ese contexto. Emplazamos a la apertura de un debate público profundo sobre la función y los modelos de gestión de los derechos de autor en nuestra sociedad. Las respuestas no son fáciles, tardarán en llegar. Pero nos comprometemos a explorar los caminos y experimentar las posibles soluciones. Eso es que lo siempre pensamos que era la cultura, el lugar en el que hacernos preguntas.

http://www.ladinamo.org/manifiesto/

Charla con gin tonics para digerir el reglamento de la ley Sinde

El miércoles 27 de abril volé a Tenerife para las conferencias tecnológica11. Tenía vuelo de Palma a Barcelona y de allí a Tenerife Norte. Coincidí en el vuelo con Carlos Almeida que iba a dar una conferencia para explicar fundamentalmente el alcance del borrador del Reglamento de le ley Sinde (redactado por La Coalición).

Voy a transcribir la conversación más o menos literal como lo recuerdo, a ver si lo entendéis mejor como lo entendí yo (Carlos volvió a explicar más o menos lo mismo, mucho más formal y ordenado, en su conferencia).

- ¿Sabes que la ley Sinde afecta al Menéame, no?

- Claro que lo sé, y que nos veremos obligados a quitar enlaces de noticias o comentarios si la comisión lo pide.

- Ricardo, es peor que eso, os pueden meter un traje y vosotros sin enteraros, ni con posibilidades de apelar.

- ¿Qué dices? ¿Pero acaso no hay notificación previa para quitarlo voluntariamente y luego una notificación de la resolución si no lo has hecho?

- No, según el reglamento un sitio como Menéame queda fuera del proceso y sólo os enteraréis al final, si os enteráis.

- Joooder, explícame eso.

- Pero necesitamos algo para digerirlo mejor, pidamos uns gin tonics antes.

- Vale, pero mal comenzamos.

[Charla con las azafatas, discusión de quién paga, sirven los gin tonics de la foto de la derecha]

- Bueno, explícame para que lo entienda.

- Sabes que según la LSSICE hay dos tipos de sitios webs, los que ponen contenido propio y los de contenido de terceros o intermediarios.

- Sí, hasta allí llego, de hecho las resoluciones contradictorios del Supremo sobre estar “fehacientemente informados” nos dejó bastante en pelotas, tuvimos que cambiar y complicar lo que hacemos ante emails y cartas de “cease&desist” por supuestos insultos.

- Sí, pero además sabes que según la LSSI, Menéame es un “intermediario”.

- Sí, ese era el paraguas al que nos sosteníamos para no eliminar o hacer de juez de opiniones de terceros, y que según el Supremo ahora somos co-responsables.

- Eso, pero ¿sabes que el tratamiento de los “intermediarios de la sociedad de la información” en el reglamento de la ley Sinde es diferente a los proveedores de contenidos como puede ser Megaupload?

- Esos matices ya no los conozco, explícamelo.

- Justamente allí está el truco del reglamento, que realmente da sentido a la ley, y la muestra tal como es. Os perjudica, a vosotros y cualquier sitio donde los usuarios pueden poner comentarios con enlaces, no sólo a buscadores o ISPs.

- ¿WTF?

- Bébete unos tragos antes. Si es un enlace a Megaupload, ésta será la que recibirá las comunicaciones de inicio del proceso por la comisión, a la que puede responder, o no, no está sujeta a la ley española. Pero si el procedimiento continúa, según el artículo 24 del reglamento, se os comunicará sólo una vez tomada la resolución y tenéis que cumplirla antes de 72 horas y sin derecho a apelar.

- ¿Sólo nos enteramos una vez tomada la resolución?

- Sí, y desde ese momento seréis co-responsables de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

- ¡Glup!

- Eso no es todo, ¿sabes cómo recibiréis la notificación?

- Cartas certificadas como cualquier notificación administrativa o judicial, supongo.

- No, nada de eso, bebe otro trago… Según la «Disposición adicional única. Uso preferente de medios de comunicación electrónicos» que ves aquí en la página 28, se te comunicará electrónicamente, lo que significa según la ley, que basta con un correo electrónico.

- ¡No me jodas Carlos! ¡no puede ser! Un correo puede perderse, puede caer en la carpeta de spam, o nos puede llegar cuando estemos de vacaciones -somos cuatro gatos- o de viaje y sin poder responder. Un email no es un servicio fiable que asegure el receptor recibe y mucho menos lee el mensaje.

- No, no te miento ni exagero. Según la letra de la ley y el reglamento, el aviso puede ser por email.

- No… esto, esto… no puede ser verdad.

- Te repito que sí, según la letra. Y no me quiero imaginar lo que podrían llegar a hacer para “asegurar el envío”.

- ¿Obligarnos a tener algún servicio de correo con firmas y recibos digitales de tecnología Microsoft, por ejempo?

- Sí, en el mejor de los casos. Pero como está redactada la ley, no hace falta.

- ¡Me cago en diez!, si parece que estaba todo diseñado desde que aprobaron la LSSI.

- Que no te extrañe.

- No creo que sean tan inteligentes ni visionarios. ¿No será simplemente de ignorantes o chapuzas para redactar leyes?

- Tú mismo.

- ¡Salud!

http://gallir.wordpress.com/2011/04/29/gin-tonics-para-la-digerir-el-reglamento-de-la-ley-sinde/

Un inspector de la SGAE se presenta en una fiesta juvenil en Barakaldo y reclama el canon por oír música
http://barakaldodigital.blogspot.com/2010/02/deia-un-inspector-de-la-sgae-se.html

[b]El Extorsionista[/b]
http://www.pampling.com/blog.php?id_blog=323

El que sabe no habla, el que habla no sabe”

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.

El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española "la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio".

Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.

La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.

Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.

El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?

El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.

El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:

"La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir".

Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.

Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/010338.html